La Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, junto al presidente de Coljuegos, César Augusto Valencia, y la secretaria de Gobierno de Barranquilla, Jennifer Villarreal, firmaron un pacto por la legalidad en los juegos de suerte y azar que compromete esfuerzos conjuntos del Gobierno Nacional, los entes territoriales y la Policía Nacional en la lucha contra la ilegalidad en la industria de las apuestas. 

De acuerdo con la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, el pacto por la legalidad representa una oportunidad para el trabajo articulado a favor de la formalización empresarial y la legalidad, que se traduce en mayores beneficios para toda la sociedad.

“Estamos muy contentos de firmar este pacto por la legalidad con Coljuegos, y nuestros alcaldes del Atlántico, Policía, Fiscalía, con todos los organismos de seguridad y justicia para combatir la ilegalidad, ya que son los recursos de la salud los que se comprometen. Los juegos cuando están legales entregan recursos para la salud, a través de Coljuegos, que tanto necesitamos, pero además generan empleo digno para su gente. De igual forma, el consumidor va a tener total garantía de que le van a pagar si es un juego legal y que no va a perder su plata”, dijo la mandataria.

Los pactos por la legalidad son una iniciativa liderada por Coljuegos que busca, entre otros, unificar esfuerzos entre diferentes entidades públicas y privadas para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de jugar de manera legal y responsable.

“El propósito es conectar al Gobierno Nacional con los territorios, crear una sinergia entre los diferentes niveles de gobierno y llevar la institucionalidad, representada en Coljuegos, a los diferentes lugares del territorio, para promover la legalidad, el emprendimiento y la equidad, que son los pilares del programa de gobierno del Presidente de la República”, indicó el presidente de Coljuegos, César Augusto Valencia.

Por su parte, la secretaria de Gobierno de Barranquilla, Jennifer Villarreal, recordó que la lucha contra la ilegalidad en los juegos de suerte y azar se traduce en mayores recursos para la salud de los colombianos.

 “No puede ser más oportuno este pacto, en un momento en el que el sector salud ha cobrado toda la relevancia y en el que debemos aportar todos nuestros esfuerzos para fortalecerlo”, afirmó.

El evento también contó con la participación del Coronel Carlos Alfredo Currea, comandante del Departamento de Policía del Atlántico y del Brigadier General Diego Hernán Rosero, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, y alcaldes de los municipios del Atlántico.

A nivel nacional, la industria de juegos de suerte y azar cuenta con 344 operadores de juegos localizados autorizados (por ejemplo, casinos y bingos), en los cuales se están distribuidos más de 2.800 establecimientos de juego, con cerca de 87 mil máquinas electrónicas tragamonedas, que generan recursos para los municipios donde están autorizadas.

Adicionalmente, el sector también está compuesto por juegos novedosos del nivel nacional, Baloto, Súper Astro y juegos online, así como los juegos territoriales, chance y lotería. En Atlántico, en la actualidad existen 29 operadores de juegos localizados autorizados que cuentan con 3.197 máquinas electrónicas tragamonedas en 81 establecimientos, 587 puntos Baloto, 3.791 puntos Súper Astro, 268 puntos online y 3.228 colocadores de apuestas permanentes.

164 operativos contra la ilegalidad en Atlántico

Al cierre del año 2020, Coljuegos recaudó por derechos de explotación 393.827 millones de pesos, una cifra que se suma a ese récord de más de 4 billones de pesos que la entidad ha logrado transferir a la salud de los colombianos desde su creación en el 2012. En lo que va corrido de este año, la entidad ha recaudado 260.675 millones de pesos.

Solo en el Atlántico, Coljuegos ha realizado 164 operativos a la fecha que han permitido el retiro de 2.837 elementos de juegos de suerte que operaban de manera ilegal. En los últimos seis meses se ha logrado el retiro de 329 elementos de juegos de suerte y azar en esta zona del país. Esto representa cerca de 7.300 millones de pesos por derechos de explotación que ha dejado de percibir el departamento, más el IVA, que se estima en 2.468 millones de pesos.